La relación entre enfermedades y distintas actividades laborales ya era conocida desde la antigua Grecia. Ya Hipócrates (s.IV a.c) estudió los efectos nocivos del plomo en los mineros de la galena por ejemplo, de manera que a lo largo de los siglos distintos estudiosos de la medicina fueron documentando ese tipo de relaciones causales entre diferentes trabajos y enfermedades específicas. En 1700, Bernardo Ramazzini, publica el ensayo ‘De Morbis Artificum Diatriba’, primer documento donde se describen decenas de enfermedades profesionales (de distintos oficios). Debemos esperar hasta el siglo XIX, con la Revolución Industrial, para que todo este conjunto de conocimientos, tenga consecuencias prácticas de protección de los trabajadores y se empiecen a establecer las primeras normas protectoras como por ejemplo, las que regulaban el trabajo de los niños en las industrias manufactureras y en la minería.
En 1919 se crea un organismo internacional especializado de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en 1981 publica el Convenio 155: “Convenio sobre la seguridad y salud de los trabajadores”, que es ratificado por numerosos países, entre ellos los constitutivos de la Comunidad Económica Europea (CEE), (España lo ratifica en 1985), adquiriendo de esta forma el compromiso de seguir y aplicar sus indicaciones. Ante la aplicación desigual por parte de los países miembros de la Unión Europea de las directrices contenidas en el Convenio y con la finalidad de armonizar el desarrollo normativo referido a la seguridad y salud de los trabajadores y de este modo restablecer la igualdad de condiciones de competencia en el mercado, la Unión Europea edita en 1989 la Directiva 89/391/CEE. Es esta Directiva europea, que cumple con las indicaciones del Convenio 155 de la OIT, de obligada transposición al cuerpo legal de los países miembros, la que da lugar en 1995 a la promulgación de la norma básica de Prevención de Riesgos Laborales en nuestro país: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95), a partir de la cual, se genera una abundante legislación de desarrollo de distintos aspectos relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores.